“Es necesario dejar de pensar en pequeña escala para verdaderamente generar entornos de oportunidades y vincular a las comunidades al funcionamiento de las urbes, de no ser así, se está creando un fenómeno segregador en el que la inseguridad y la propia ley se adueñarán de esos enclaves a futuro”
En Colombia el déficit de vivienda se sitúa en un 36.6% según el último censo realizado por el DANE en 2018. A partir de estas cifras y análisis las entidades gubernamentales han desarrollado políticas públicas que se centran en la construcción de proyectos de vivienda de interés social, o vivienda digna, como se estipula en la Constitución Política de Colombia, y que la establecen como un derecho. Es precisamente este concepto de dignidad habitacional que se maneja a nivel público el que vale la pena cuestionar y que, revisado desde un punto de vista menos específico y más urbano, replantearía completamente el concepto de habitar un lugar.
El común denominador en los proyectos de vivienda de interés social en Colombia es la construcción urbanizaciones a las afueras de las ciudades en donde se replican tipologías de vivienda en cantidad. Esto en un primer momento parece un gran progreso pues busca el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables que no cuentan con un techo y que son quienes normalmente tienen acceso a estos proyectos de vivienda social. Así, las condiciones espaciales, materiales y de infraestructura de estas construcciones, son el eje de desarrollo de estas políticas públicas.
Esta interpretación de la habitabilidad es bastante limitada. En un primer aspecto no se tienen en cuenta los estilos de vida de las personas que van a residir en estas nuevas viviendas. La población desplazada que llega del campo no vive igual que aquellos que han permanecido en la ciudad por largos años, por poner un ejemplo. Es por esto que factores culturales, sociales y económicos son pasados por alto cuando se plantean proyectos de este tipo.
En un segundo aspecto no se puede pretender reducir la habitabilidad a lo que sucede en las cuatro paredes que conforman la vivienda. Si bien es importante contar con unas condiciones físicas óptimas para la seguridad de los nuevos habitantes, el vínculo con la ciudad y las oportunidades que en ella se buscan debe ser un factor decisivo. La accesibilidad a servicios, equipamientos públicos y al transporte urbano es primordial para estas comunidades. La facilidad de poder llegar a sus lugares de trabajo de forma rápida y cómoda debe tenerse en cuenta, así como la creación de espacios de ocio y esparcimiento que son también parte de la calidad de vida que se les debe brindar; habitar es más que cocinar y dormir.
Por estas razones es que vale la pena cuestionar los proyectos en masa realizados en las afueras de las ciudades. ¿Están realmente mejorando la calidad de vida de quienes van a habitar estos lugares o más bien los están aislando? ¿Cuentan con colegios, hospitales, bibliotecas, acceso al transporte y espacios de esparcimiento para un beneficio real? Estas preguntas necesarias son la piedra angular para replantear el concepto de habitar dignamente. Es necesario dejar de pensar en pequeña escala para verdaderamente generar entornos de oportunidades y vincular a estas comunidades al funcionamiento de las urbes, de no ser así se está creando un fenómeno segregador en el que la inseguridad y la propia ley se adueñarán de esos enclaves a futuro.
Propender por ciudades inclusivas en donde todos tengamos acceso a ellas debería ser el fin, de lo contrario no solo no se estaría solucionando la situación de habitabilidad, sino que se estaría agregando otro conflicto urbano más a la lista ya existente.