La participación, por lo tanto, no puede ser un proceso coercitivo. Involucrar a la comunidad en la formulación de políticas públicas es un proceso complejo que debe hacerse en las fases preliminares, de implementación y de ejecución de los proyectos en aras de su funcionalidad.
El papel de la ciudadanía en los procesos de implementación de políticas públicas es cada vez más necesario. La importancia de lo público en las ciudades y en la democratización del espacio es fundamental para la formación de la ciudadanía y para la creación de territorios inclusivos. Es por esta razón que para conocer los requerimientos reales de un lugar es esencial asumir a todos sus actores como partes imprescindibles de los procesos de diseño y de formulación de proyectos.
En Colombia la ley se ha encargado de proteger y promover los intereses comunes sobre los particulares en el papel. En la constitución del 91 la participación ciudadana se plasmó como un mecanismo de control e inclusión social ante el desarrollo de políticas públicas estatales, asimismo la ley de Desarrollo territorial (388 del 97) establece la necesidad de “fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones.” De esta manera, se establecen unos escenarios en los que la ciudadanía cumple un rol en las decisiones públicas de un territorio
Partiendo de esta obligación de incluir a la ciudadanía en la formulación de políticas, los organismos gubernamentales han optado en muchos casos por la llamada socialización como mecanismo de participación. Este proceso vertical en donde se le informa a la comunidad los objetivos y procesos bajo los cuales se llevará a cabo determinada intervención, está lejos de ser realmente una alternativa de participación. El hecho de no permitir una retroalimentación y un control ciudadano que pueda modificar aspectos que puedan desfavorecer a una porción de la comunidad, lo hace un procedimiento autoritario y por salir del paso. Las consecuencias a posteriori no son del todo buenas. Políticas públicas paralizadas a mitad de camino por organizaciones ciudadanas que se oponen a los proyectos, acciones populares que involucran al órgano jurídico y el desconocimiento real de las necesidades de una comunidad que se ve reflejado en obras descontextualizadas de su entorno, son tan solo algunas repercusiones negativas.
La participación, por lo tanto, no puede ser un proceso coercitivo. Involucrar a la comunidad en la formulación de políticas es un proceso complejo que debe hacerse en las fases preliminares, de implementación y de ejecución de los proyectos en aras de su funcionalidad. Si bien es cierto que hacer este tipo de procesos demanda de una inyección mayor de recursos económicos y de tiempo, es la manera correcta de democratizar las ciudades desde su planificación hasta su ejecución y de garantizar que verdaderamente se propenda por el bienestar colectivo sobre el particular.
Por su parte, es necesario cambiar el chip en la gobernabilidad. Cada vez se desvanece aún más la idea tecnocrática en donde los profesionales y especialistas conocedores de un tema toman decisiones incontrovertiblemente y, por el contrario, ahora su labor se centra en la integración multidisciplinar y en la comunicación asertiva de su conocimiento al servicio de la comunidad. La participación ciudadana no es un cliché, es una necesidad para el desarrollo territorial.